Informe de la Guardia Civil: El ministerio de Saiz no tenía capacidad para acoger a los migrantes en Ceuta
Un informe remitido por la Guardia Civil al Estado Mayor de la Defensa confirma que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones carecía de capacidad para gestionar la llegada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 31 de julio. La documentación, ya en poder de la magistrada María Tardón, señala que el ministerio no ofreció ninguna solución para acoger a las decenas de miles de personas que ingresaron en la ciudad autónoma.
Un informe elaborado por la Guardia Civil y remitido a las autoridades judiciales y militares constata que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la titularidad de Elma Saiz, no disponía de capacidad operativa ni ofreció ninguna solución para gestionar la llegada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 31 de julio. La documentación, entregada por la Jefatura de Información del Instituto Armado al Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, ha sido incorporada ya a las actuaciones de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, quien investiga los hechos ocurridos en la ciudad autónoma.
El documento, fechado el 31 de julio a las 19:26 horas y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, forma parte del acopio de alertas previas solicitado por la instructora para reconstruir la cronología de la crisis. En ese momento, la situación en Ceuta ya se definía internamente como "un problema de desestabilización de la ciudad", con especial énfasis en los problemas de seguridad derivados y la gestión de recursos. El volumen de entradas había alcanzado aproximadamente el equivalente a la mitad de la población total de Ceuta, lo que estaba generando una fuerte saturación en servicios clave, incluyendo recursos sanitarios, dispositivos de seguridad y otros servicios básicos.
Ante este escenario, el informe pone de relieve que, tras las consultas realizadas con el Ministerio de Migraciones, se tuvo conocimiento de que las autoridades estatales afirmaban no poder dar "ningún tipo de solución" para acoger y mantener a las cerca de 50.000 o 60.000 personas que habían entrado en la ciudad. La Guardia Civil advertía en el texto que esta falta de respuesta podía derivar en una crisis de seguridad, dado que estas personas no disponían de agua, comida ni refugio.
El informe detalla también las consecuencias humanitarias y sociales inmediatas. El Instituto Armado señalaba que algunos migrantes "comenzaban a regresar voluntariamente hacia Marruecos", cifrando ese contingente en alrededor de 35.000 personas. No obstante, dejaba constancia de que los subsaharianos una vez en territorio marroquí "estarían siendo separados para ser trasladados a zonas boscosas". Del mismo modo, aludía a varias publicaciones en redes sociales, algunas promovidas desde medios como "Chouftv", que recogían testimonios de jóvenes magrebíes que habían accedido a Ceuta "pensando que tendrían una mejor calidad de vida" y se habían topado con una realidad de "negocios cerrados, desabastecimiento, sin alimentación ni agua, sin vivienda donde alojarse, sin acceso a recursos asistenciales...".
Por este motivo, el informe constataba entre muchos de ellos una sensación de "decepción debido a las duras condiciones humanitarias que estarían viviendo", condiciones que se podrían alargar durante tres meses, tiempo mínimo que deberían permanecer en la ciudad autónoma "sin poder salir" hacia la Península "en caso de solicitar protección internacional".
La Guardia Civil da cuenta asimismo de varias publicaciones en medios de comunicación marroquíes sobre la gestión de la crisis migratoria. A este respecto, asegura que como norma general "tratan de reivindicar la soberanía alauita sobre las ciudades de Ceuta y Melilla". Uno de los medios, que sitúa como "muy próximo a Mohamed VI", afirmaba que la "recuperación" de ambas ciudades españolas por parte de Marruecos "parece ser un desenlace inevitable a largo plazo".
Respecto al rédito político que Rabat pueda obtener de la invasión migratoria, el informe de la Guardia Civil pone de manifiesto en otro de sus documentos remitidos a Tardón que resulta "probable" que Marruecos "aproveche a posteriori" la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta "para lanzar mensajes acordes a sus intereses políticos", como la reivindicación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla o, en su caso, de "una cosoberanía" como "mejor solución para evitar futuras crisis migratorias".
El Instituto Armado no ahorra reproches al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la gestión de las alertas previas. Según el informe, las alertas recibidas en los días anteriores a la entrada masiva "no permitieron anticipar la situación extrema de colapso fronterizo que se produjo en Ceuta". Lo que se recibió fue "una información parcial insuficiente para dimensionar la amenaza". La Jefatura de Información de la Guardia Civil precisa que esa información "no anticipó, en modo alguno, el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional".
Aunque asume que durante los días 28 y 29 de julio ya se apreciaba un incremento de las entradas de migrantes, alcanzando niveles de presión migratoria claramente alejados de los parámetros habituales, el informe señala que para que la información recibida hubiera adquirido "un verdadero carácter anticipatorio" habría sido necesario identificar indicadores determinantes de la posterior crisis. Estos incluyen "la formación de una masa crítica de candidatos capaz de superar las capacidades de actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes; el posible desbordamiento de su dispositivo; una reducción significativa de las medidas de contención; o la existencia de una eventual falta de voluntad para impedir los intentos de entrada".
Por otro lado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) considera que la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes en Ceuta el pasado julio solo puede ser "diseñado, impulsado y coordinado por el aparato estatal de un régimen que hubiera decidido utilizar la presión migratoria como una herramienta de acción híbrida". Sin señalar explícitamente a Marruecos, los servicios de inteligencia señalan que el objetivo era "una acción hostil, realizada por un Estado en contra de otro con el objetivo de desestabilizarlo y agredirle", aunque esa agresión "quedaría por debajo del umbral de una acción bélica". No obstante, el CNI deja constancia de que no se ha podido determinar "la organización o participación activa por parte de ningún organismo vinculado al Gobierno o la Administración de Marruecos".
O.Nicholson--TNT